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Tal como lo solicitó CAME al ministro de Hacienda, Luis Caputo, y a los presidentes de cada una de los bloques del Congreso al momento de tratar la Ley de Inocencia Fiscal II, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución General 5927/2026, mediante la cual estableció los plazos, requisitos y condiciones operativas para acceder a la baja del 50% en las multas por infracciones a los deberes formales.
📌 ¿Qué multas pueden reducirse?
El beneficio alcanza a las multas aplicadas por infracciones formales previstas en los artículos 38, 39 y normas complementarias de la Ley N.º 11.683, siempre que correspondan a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.799) y que la infracción se haya cometido antes del 9 de octubre de 2026 (entrada en vigencia de la Ley 27.826). Además, las sanciones no deben encontrarse canceladas a esa fecha.
La norma aclara que también se considerarán canceladas aquellas multas cuyo importe haya sido consolidado dentro de un régimen de facilidades de pago.
📌 Sujetos comprendidos
En línea con lo dispuesto por el Decreto 1253/2026, la reducción está destinada a contribuyentes que, al momento de cometer el incumplimiento, no revistieran la condición de Grandes Contribuyentes y se encuentren dentro de alguna de las siguientes categorías:
- Micro, pequeñas y medianas empresas (Tramos 1 y 2) con Certificado MiPyME vigente y caracterización registrada.
- Personas humanas y sucesiones indivisas.
- Entidades sin fines de lucro, entre ellas asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras e instituciones religiosas.
📌 Condición clave: regularizar la obligación pendiente
Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán cumplir con la obligación formal omitida que originó la multa hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive. La disminución operará de pleno derecho, sin necesidad de realizar trámites adicionales, salvo en los casos en que la sanción se encuentre sometida a discusión administrativa o judicial.